La Psicóloga Forense del IPIC, Ana Isabel Gutiérrez Salegui y la psicóloga colaboradora Jessica Segura asistieron al XI Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense, que tuvo lugar del 1 al 3 de noviembre de 2018 en el Palacio de Congreso de Granada, para dar voz a las familias de las personas desaparecidas dentro del mundo de la psicología.
En el congreso se presentaron tres comunicaciones orales para reafirmar el gran papel de la psicología en las desapariciones, ya que el impacto psicológico que generan este tipo de sucesos es mayor que el que produce la muerte de un ser querido.
Las consecuencias físicas psíquicas y sociales sobre el entorno de los desaparecidos son una asignatura pendiente para los profesionales, por ello, es de vital importancia que se realicen estudios sobre esta problemática siguiendo la línea del primer estudio sobre desapariciones (Segura, 2018) y los presentados en el congreso sobre las desapariciones forzosas o criminales.
Una desaparición genera, en muchas ocasiones, precariedad económica si la persona desaparecida era el sostén de la familia, gastos ingentes, enfermedades incapacitantes, etc. Además, los familiares se enfrentan a la ausencia declarada y la declaración del fallecido. Es decir, actualmente si la desaparición se considera de alto riesgo, se puede solicitar la declaración de fallecimiento a los dos años, pero si no lo es, la familia no podrá solicitar dicha declaración hasta pasados 10 años. En este caso, considerar una desaparición de alto riesgo o no está en manos de distintos profesionales, por lo que es necesario realizar una formación multidisciplinar a todos los trabajadores que traten con estas familias, para así evitar la revictimización de unas personas que, según el estudio previamente realizado, sufren un dolor inmenso y, a pesar de ello, son las grandes víctimas olvidadas.
Además, desde el IPIC, se imparte formación sobre esta temática, tanto en investigación como en la valoración de las secuelas, ya que con los informes forenses se aporta documentación para valorar las minusvalías secundarias al hecho, ya que muchas víctimas desarrollan cuadros crónicos y severos que les impiden un normal funcionamiento en casi todas las áreas de su vida. En ese último caso, en los casos abordados desde el área psicológico-forense del IPIC se ha conseguido una valoración entre un 33% y 51% de minusvalía ante los Tribunales Médicos.
Y no hay que olvidar que los familiares de los desaparecidos son víctimas de este fenómeno, independientemente del tipo de desaparición.